Se dio a conocer que la empresa Comercializadora Cónclave ganó contratos por 400 mdp dentro del programa estelar Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ustedes dirán ¿y eso qué?, y pareciera nada novedoso dado el aumento de tráfico de influencias, nepotismo, etc., lo que aquí impresiona y podría dejar con la boca abierta a muchos es que el representante de dicha empresa y nada más y nada menos que el operador financiero del Cártel de Juárez.
Según las investigaciones el Sr. Rodolfo David Dávila Córdova obtuvo en 2013 un contrato por 207 mdp vía la citada empresa obviamente como su representante, y no obstante con lo anterior en el mismo año pero vía la empresa Prodasa, S.A. de C.V. (del cual es socio mayoritario el citado personaje) obtuvo otro contrato por más de 188 mdp.
Cabe aclarar que la CNcH de acuerdo a la página de internet no tiene presupuesto asignado debido a que es una estrategia la cual coordina acciones de 19 dependencias y entidades de la administración pública federal, desde mi punto de vista aun así debería de existir un panel de transparencia (se supone que existe en la página pero no existen documentos relativas al uso, destino y acreedores de los recursos financieros), por lo que siempre queda la duda de que es lo que está haciendo realmente el gobierno, y cómo es que elige a los beneficiarios.
Tan sólo para el rubro del programa PROSPERA (supongo que aporta recursos para la “estrategia”) tiene presupuestado un gasto total de más de 46.3 mmdp, de los cuales 46.1 mmdp se destinan a “subsidios” (lo que quiera que signifique eso) y al mismo tiempo tiene destinados más de 3.1 mmdp para “comedores comunitarios”, pareciera que como siempre todo es a discreción.
Lo preocupante de todo el asunto es ¿cómo el gobierno federal realiza los análisis de los sujetos a los cuales se les canalizan recursos públicos?, ¿cuáles son las características específicas que solicita a los proveedores?, ¿no se realizan dictámenes jurídicos en los cuales se revisa el nivel de riesgo de personas físicas y personas morales?, ¿cada una de las dependencias se rigen por diferentes estándares de selección?
Pero pareciera que esto no es nuevo, y hasta podría catalogarse como común dentro de la administración pública, recordar que el año pasado se dio a conocer que algunas empresas de Guzmán Loera tenían relación con el mismo gobierno de Peña Nieto, mismo que fue informado para variar por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.), y siguiendo con el mismo tenor en el mismo año se informó de 5 empresas más ligadas con CJNG.
El supuesto control que dice tener el gobierno federal una vez más sólo demuestra su ineficiencia, y su reparto de recursos por doquier y al por mayor, no importa el postor, no importa el origen, no importa que posiblemente no hayan superado filtros de legitimidad, en este país lo que importa es quien tiene ofertas, recursos y “conexiones”.
Peculiaridad
El día lunes fueron publicadas encuestas relativas a la desaprobación total de Peña Nieto y Mancera, el primero pasó de 42 a 32 puntos, y el segundo de 30 a 24 puntos, y claramente saldrá a indicar nuevamente que “el enojo entre las sociedades no necesariamente tiene sustento y que las nuevas tecnologías digitales han transformado las formas de comunicación al punto de distorsionar la verdad con falsedades y mentiras” por lo que el claramente tendrá un nivel de aprobación de 110% de la población (por aquello de sus alianzas con el PVEM y que tiene votantes hasta en el Congo).
